jueves, 15 de agosto de 2013

Metas de inflación, una de las propuestas del frente renovador.

10.- Política económica y metas de inflación.

Todos los gobiernos de todos los países, independientemente del régimen imperante, llevan adelante políticas económicas, esto lo hacen las democracias, las teocracias, los regimenes autoritarios o semiautoritarios, las monarquías puras, las monarquías parlamentarias, etc.

Nuestro país se da para si, según reza el Art 1 de nuestra constitución, el sistema de gobierno representativo, republicano y federal.

Dicho sistema es uno de los sistemas más comunes entre la mayoría de los países democráticos y occidentales.

El artículo 99 en su inciso primero y décimo de nuestra carta magna, donde se detallan las atribuciones del poder ejecutivo, reza que el presidente:

1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país.

10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas da la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales.

Por su parte el artículo 100, donde se detallan las atribuciones del jefe de gabinete de ministros, en su inciso primero reza que:

1. Ejerce la administración general del país.

Podemos afirmar en consecuencia que es facultad del poder ejecutivo y dentro de este, del jefe de gabinete, ejercer la administración general del país, y del presidente de la republica supervisar el modo en que esta facultad se ejerce.

La administración general del país se ejerce mediante la política económica cuyo ejecutor es el poder ejecutivo.

La política económica se ejerce mediante el uso de 3 herramientas que también son políticas.

1.- La política fiscal: que implica la administración de que impuestos se cobran a quien se le cobra y cuando se cobra, el establecimiento de los mismos es facultad del poder legislativo (articulo 75, incisos 1 y 2 de nuestra constitución), y del ejecutivo en caso de delegarse facultades en las condiciones establecidas en el articulo 76 de nuestra constitución.
La política fiscal también implica administrar el destino de los fondos recaudados, y la previsión de lo que se recaudara y que destino se le dará a esos recursos, consta en el presupuesto nacional que elabora el poder ejecutivo y aprueba por ley el poder legislativo.

2.- La política de empleo: Implica decidir cuanto empleo da directamente el estado y como regula el empleo en el sistema privado.

3.- La política monetaria: Implica ejercer mediante el Banco Central de la Republica Argentina y otros organismos descentralizados y/o autárquicos la política monetaria y cambiaria, que implica entre otras cosas, establecer el tipo de cambio, las regulaciones al sistema bancario, los encajes, el financiamiento de corto, mediano y largo plazo mediante, letras, notas y bonos, entendiendo que el BCRA es el agente financiero del gobierno nacional y el custodio de las reservas de en oro y divisas.

El poder ejecutivo en consecuencia y en ejercicio de sus legítimas facultades determina los objetivos de corto, mediano y largo plazo que tratara de cumplir llevando adelante la política económica y dentro de esta las políticas monetarias, de empleo y fiscal.

Estamos acostumbrados a oír a diferentes sectores de la ortodoxia económica mencionar tanto cual debería ser el objetivo máximo del BCRA, como cual es el principal problema de la economía nacional.

El objetivo máximo e irrenunciable del BCRA, es lo que la carta orgánica de dicho organismo indicaba luego de la modificación que se le aplico a dicha carta durante la década de los 90, y esta es cuidar el valor de la moneda. Objetivo que dejo de ser el único una vez modificada por ley (y que entro en vigencia el  06-04-2012), la carta orgánica de dicha entidad.

El principal problema de la economía nacional seria la inflación que implicaría tanto el aumento sostenido y generalizado de precios como una desvalorización del poder adquisitivo de la moneda, es decir, de su valor, es decir, estaría en línea el principal problema de la economía Argentina, con las función por excelencia que debería  ejercer el BCRA.

Por ende, según estos sectores el objetivo primordial del ejercicio de la política económica seria cuidar el valor de la moneda, evitando o reduciendo la inflación, esto implicaría subordinar otros objetivos loables y necesarios al cumplimiento de este objetivo.

Los otros objetivos necesarios y factibles de ser planteados y/o perseguidos, y que fueron los que se introdujeron en la nueva carta orgánica del BCRA, son procurar el pleno empleo de los recursos y el desarrollo de la economía con equidad social.

Esto implicaría generar y sostener el crecimiento económico, lo que a su vez implica el aumento de la cantidad de riqueza generada en el país pasible de ser distribuida o redistribuida.
También implica generar mas empleo y sostener el ya existente y evitar sostener un alto nivel de capacidad ociosa en otro tipo de recursos que no sean los humanos.
Por ultimo, el desarrollo, que es superador del crecimiento, implica, atacar la pobreza de corto plazo y la de largo plazo, la de corto plazo, tiene relación con el poder adquisitivo de los diferentes sectores, es decir, tender a que crezca el ingreso, pero la de largo plazo, tiene que ver con el acceso mayores y mejores condiciones de educación, salud, sanidad, y toda la infraestructura necesaria a tal fin.

El 07-08-2013, en un evento junto a empresarios de diversos sectores, el entonces precandidato a diputado nacional del frente renovador Sergio Massa, esbozo lo que pareciera ser mas un plan de gobierno de un candidato a presidente que las propuestas de un candidato a diputado.

No obstante y a pesar de este desvió, resulta, sumamente interesante analizar en caso de poder llevarse a la práctica, los efectos y/o consecuencias de la aplicación de algunas de dichas  medidas.

Una de esas propuestas esbozadas en formato de titulo periodístico es el establecimiento de “metas de inflación”, que al decir de la ortodoxia local tanto resultado le dio a la hermana Republica de Brasil para mantener la inflación acotada, por debajo de los dos dígitos.

Este plan del establecimiento de metas de inflación implica asumir que en parte el aumento de precios es fruto del aumento de la demanda, por ende se plantea como principales medidas, el “ajuste” mediante la reducción del gasto publico.

Pese a ser la necesidad de reducir el gasto publico “que se le disparo al gobierno”, un supuesto argumento repetido hasta el hartazgo, por los sectores ortodoxos de la economía y multiplicado por medios liberales y sus periodistas y opinologos, lo que no se hace “porque seria políticamente incorrecto o negativo”, es explicar que es el gasto publico y que implicaría realizar recortes o reducciones en el mismo.

De la manera que se habla al respecto en los medios, ya sea quienes opinen, políticos, economistas, o periodistas, pareciera ser que el gasto publico es algo que el estado gasta de mas pero no se sabe que es.

La planilla 1 del presupuesto nacional 2012 (composición del gasto por finalidad, función y carácter económico), que se puede descargar del siguiente link


Permite ver que el total de gastos proyectados para ese año, era de 505.000 millones de pesos.

Es interesante resaltar, que de querer reducir los gastos impactando en el índice de inflación, debería atacarse los gastos que generan demanda, por lo cual, la reducción del gasto necesaria, es la reducción del gasto que genera directa o indirectamente transferencia de ingresos desde el estado a los distintos actores de  la sociedad.

De ese total de 505 mil millones de pesos, hay un item que es el mas representativo, y este es el de servicios sociales, el cual es del orden de los 303 mil millones de pesos, ósea que solo observando este ítems, nos anoticiamos que el estado destina fondos a brindar, lo que denomina servicios sociales, y que este rubro insume nada menos que el 60% total de los gastos.

Si profundizamos en el análisis y apertura de ese item, veremos que la seguridad social, la cual implica el pago de jubilaciones, pensiones, y asignaciones familiares, insume 211 mil millones de pesos, es decir, poco mas del 41,5%.

A ello podemos agregar los ítems de educación y cultura, y, ciencia y técnica que suman poco mas de 46,6 mil millones de pesos, lo que representa el 9,2% del total de gastos.

Por ultimo entre los servicios sociales, hay poco mas de 12,6 mil millones de pesos destinados a los subitems vivienda y urbanismo, y, agua potable y alcantarillado, lo que representa un 2,5% del total.

En el item siguiente, servicios económicos, figuran entre los gastos corrientes, transferencias corrientes en el subitem energía, combustible y minería, poco mas de 34,5 mil millones de pesos, que son mayoritariamente, la “descontrolada política de subsidios a la energía eléctrica y al gas natural”, y casi 17,3 mil millones de pesos de subsidios al transporte.

Ambos subitems, suman casi 52 mil millones de pesos, es decir un 10,3% del total de gastos.

Se puede concluir en consecuencia, que el gasto publico que se propone reducir para combatir la inflación, resulta inflacionario, en la medida que trasfiere recursos en forma directa, pagando jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, o en forma indirecta, subsidiando la energía y el transporte o generando obras publicas que generan empleo (construcción de rutas, autopistas, escuelas, viviendas, hospitales, etc etc, etc), y estos recursos transferidos generan demanda.

Ese gasto publico, que trasfiere directa o indirectamente recursos a los distintos sectores sociales, implica entre los rubros antes mencionados para el año 2012 y que son (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, educación y cultura, ciencia y técnica, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado, subsidios al transporte y al consumo energético), representan el 63,3% del gasto total presupuestado.

La lógica de dichos planteos es irrefutable, obedece a las leyes del mercado, si los sectores mayoritarios del país (asalariados, jubilados y pensionados) obtienen menos ingresos, consumirán menos, y si se consume menos, los precios no suben, es decir que se carga sobre las espaldas de dichos sectores el costo de reducir la inflación, sin analizar el verdadero origen de un fenómeno complejo y multicausal, y esto se realiza a costa de reducir el ingreso de estos sectores y reducir su desarrollo.


Por ende, antes que la inflación reduzca los ingresos (fenómeno que no ha sido demostrado)para el periodo de los ultimos, los reduciría el estado directamente evitando las transferencias y la generación de empleo.