10.- Política económica y metas de inflación.
Todos los gobiernos de todos los países,
independientemente del régimen imperante, llevan adelante políticas económicas,
esto lo hacen las democracias, las teocracias, los regimenes autoritarios o
semiautoritarios, las monarquías puras, las monarquías parlamentarias, etc.
Nuestro país se da para si, según reza el Art 1 de
nuestra constitución, el sistema de gobierno representativo, republicano y
federal.
Dicho sistema es uno de los sistemas más comunes entre la
mayoría de los países democráticos y occidentales.
El artículo 99 en su inciso primero y décimo de nuestra
carta magna, donde se detallan las atribuciones del poder ejecutivo, reza que
el presidente:
1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración
general del país.
10. Supervisa el
ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la
recaudación de las rentas da la Nación y de su inversión, con arreglo a la
ley o presupuesto de gastos nacionales.
Por su parte el artículo 100, donde se detallan las
atribuciones del jefe de gabinete de ministros, en su inciso primero reza que:
1. Ejerce la administración general del país.
Podemos afirmar en consecuencia que es facultad del poder
ejecutivo y dentro de este, del jefe de gabinete, ejercer la administración
general del país, y del presidente de la republica supervisar el modo en que
esta facultad se ejerce.
La administración general del país se ejerce mediante la política
económica cuyo ejecutor es el poder ejecutivo.
La política económica se ejerce mediante el uso de 3
herramientas que también son políticas.
1.- La política
fiscal: que implica la administración de que impuestos se cobran a quien se
le cobra y cuando se cobra, el establecimiento de los mismos es facultad del
poder legislativo (articulo 75, incisos 1 y 2 de nuestra constitución), y del
ejecutivo en caso de delegarse facultades en las condiciones establecidas en el
articulo 76 de nuestra constitución.
La política fiscal también implica administrar el destino
de los fondos recaudados, y la previsión de lo que se recaudara y que destino
se le dará a esos recursos, consta en el presupuesto nacional que elabora el
poder ejecutivo y aprueba por ley el poder legislativo.
2.- La política de
empleo: Implica decidir cuanto empleo da directamente el estado y como
regula el empleo en el sistema privado.
3.- La política
monetaria: Implica ejercer mediante el Banco Central de la Republica
Argentina y otros organismos descentralizados y/o autárquicos la política
monetaria y cambiaria, que implica entre otras cosas, establecer el tipo de
cambio, las regulaciones al sistema bancario, los encajes, el financiamiento de
corto, mediano y largo plazo mediante, letras, notas y bonos, entendiendo que
el BCRA es el agente financiero del gobierno nacional y el custodio de las
reservas de en oro y divisas.
El poder ejecutivo en consecuencia y en ejercicio de sus legítimas
facultades determina los objetivos de corto, mediano y largo plazo que tratara
de cumplir llevando adelante la política económica y dentro de esta las
políticas monetarias, de empleo y fiscal.
Estamos acostumbrados a oír a diferentes sectores de la
ortodoxia económica mencionar tanto cual debería ser el objetivo máximo del
BCRA, como cual es el principal problema de la economía nacional.
El objetivo máximo e irrenunciable del BCRA, es lo que la
carta orgánica de dicho organismo indicaba luego de la modificación que se le
aplico a dicha carta durante la década de los 90, y esta es cuidar el valor de
la moneda. Objetivo que dejo de ser el único una vez modificada por ley (y que
entro en vigencia el 06-04-2012), la
carta orgánica de dicha entidad.
El principal problema de la economía nacional seria la
inflación que implicaría tanto el aumento sostenido y generalizado de precios
como una desvalorización del poder adquisitivo de la moneda, es decir, de su
valor, es decir, estaría en línea el principal problema de la economía
Argentina, con las función por excelencia que debería ejercer el BCRA.
Por ende, según estos sectores el objetivo primordial del
ejercicio de la política económica seria cuidar el valor de la moneda, evitando
o reduciendo la inflación, esto implicaría subordinar otros objetivos loables y
necesarios al cumplimiento de este objetivo.
Los otros objetivos necesarios y factibles de ser
planteados y/o perseguidos, y que fueron los que se introdujeron en la nueva
carta orgánica del BCRA, son procurar el pleno empleo de los recursos y el
desarrollo de la economía con equidad social.
Esto implicaría generar y sostener el crecimiento económico,
lo que a su vez implica el aumento de la cantidad de riqueza generada en el país
pasible de ser distribuida o redistribuida.
También implica generar mas empleo y sostener el ya
existente y evitar sostener un alto nivel de capacidad ociosa en otro tipo de
recursos que no sean los humanos.
Por ultimo, el desarrollo, que es superador del
crecimiento, implica, atacar la pobreza de corto plazo y la de largo plazo, la
de corto plazo, tiene relación con el poder adquisitivo de los diferentes
sectores, es decir, tender a que crezca el ingreso, pero la de largo plazo,
tiene que ver con el acceso mayores y mejores condiciones de educación, salud,
sanidad, y toda la infraestructura necesaria a tal fin.
El 07-08-2013, en un evento junto a empresarios de
diversos sectores, el entonces precandidato a diputado nacional del frente
renovador Sergio Massa, esbozo lo que pareciera ser mas un plan de gobierno de
un candidato a presidente que las propuestas de un candidato a diputado.
No obstante y a pesar de este desvió, resulta, sumamente
interesante analizar en caso de poder llevarse a la práctica, los efectos y/o
consecuencias de la aplicación de algunas de dichas medidas.
Una de esas propuestas esbozadas en formato de titulo
periodístico es el establecimiento de “metas de inflación”, que al decir de la
ortodoxia local tanto resultado le dio a la hermana Republica de Brasil para
mantener la inflación acotada, por debajo de los dos dígitos.
Este plan del establecimiento de metas de inflación
implica asumir que en parte el aumento de precios es fruto del aumento de la
demanda, por ende se plantea como principales medidas, el “ajuste” mediante la
reducción del gasto publico.
Pese a ser la necesidad de reducir el gasto publico “que
se le disparo al gobierno”, un supuesto argumento repetido hasta el hartazgo,
por los sectores ortodoxos de la economía y multiplicado por medios liberales y
sus periodistas y opinologos, lo que no se hace “porque seria políticamente
incorrecto o negativo”, es explicar que es el gasto publico y que implicaría
realizar recortes o reducciones en el mismo.
De la manera que se habla al respecto en los medios, ya
sea quienes opinen, políticos, economistas, o periodistas, pareciera ser que el
gasto publico es algo que el estado gasta de mas pero no se sabe que es.
La planilla 1 del presupuesto nacional 2012 (composición
del gasto por finalidad, función y carácter económico), que se puede descargar
del siguiente link
Permite ver que el total de gastos proyectados para ese
año, era de 505.000 millones de pesos.
Es interesante resaltar, que de querer reducir los gastos
impactando en el índice de inflación, debería atacarse los gastos que generan
demanda, por lo cual, la reducción del gasto necesaria, es la reducción del
gasto que genera directa o indirectamente transferencia de ingresos desde el
estado a los distintos actores de la
sociedad.
De ese total de 505 mil millones de pesos, hay un item
que es el mas representativo, y este es el de servicios sociales, el cual es
del orden de los 303 mil millones de pesos, ósea que solo observando este
ítems, nos anoticiamos que el estado destina fondos a brindar, lo que denomina
servicios sociales, y que este rubro insume nada menos que el 60% total de los
gastos.
Si profundizamos en el análisis y apertura de ese item,
veremos que la seguridad social, la cual implica el pago de jubilaciones,
pensiones, y asignaciones familiares, insume 211 mil millones de pesos, es
decir, poco mas del 41,5%.
A ello podemos agregar los ítems de educación y cultura,
y, ciencia y técnica que suman poco mas de 46,6 mil millones de pesos, lo que
representa el 9,2% del total de gastos.
Por ultimo entre los servicios sociales, hay poco mas de
12,6 mil millones de pesos destinados a los subitems vivienda y urbanismo, y,
agua potable y alcantarillado, lo que representa un 2,5% del total.
En el item siguiente, servicios económicos, figuran entre
los gastos corrientes, transferencias corrientes en el subitem energía,
combustible y minería, poco mas de 34,5 mil millones de pesos, que son
mayoritariamente, la “descontrolada política de subsidios a la energía eléctrica
y al gas natural”, y casi 17,3 mil millones de pesos de subsidios al
transporte.
Ambos subitems, suman casi 52 mil millones de pesos, es
decir un 10,3% del total de gastos.
Se puede concluir en consecuencia, que el gasto publico
que se propone reducir para combatir la inflación, resulta inflacionario, en la
medida que trasfiere recursos en forma directa, pagando jubilaciones, pensiones
y asignaciones familiares, o en forma indirecta, subsidiando la energía y el
transporte o generando obras publicas que generan empleo (construcción de
rutas, autopistas, escuelas, viviendas, hospitales, etc etc, etc), y estos
recursos transferidos generan demanda.
Ese gasto publico, que trasfiere directa o indirectamente
recursos a los distintos sectores sociales, implica entre los rubros antes
mencionados para el año 2012 y que son (jubilaciones, pensiones, asignaciones
familiares, educación y cultura, ciencia y técnica, vivienda y urbanismo, agua
potable y alcantarillado, subsidios al transporte y al consumo energético),
representan el 63,3% del gasto total presupuestado.
La lógica de dichos planteos es irrefutable, obedece a
las leyes del mercado, si los sectores mayoritarios del país (asalariados,
jubilados y pensionados) obtienen menos ingresos, consumirán menos, y si se
consume menos, los precios no suben, es decir que se carga sobre las espaldas
de dichos sectores el costo de reducir la inflación, sin analizar el verdadero
origen de un fenómeno complejo y multicausal, y esto se realiza a costa de
reducir el ingreso de estos sectores y reducir su desarrollo.
Por ende, antes que la inflación reduzca los ingresos (fenómeno
que no ha sido demostrado)para el periodo de los ultimos, los reduciría el estado directamente evitando las
transferencias y la generación de empleo.
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