Sobre los relatos, ocultos y a la vista.

Según la OIT (Organización internacional del trabajo), el salario promedio en Argentina es de U$S 1100, que a un tipo de cambio de 5.35 $/U$S, da $5885.

Según el indec en la Argentina hay 11.500.000 (once millones y medio de trabajadores formales (9.4 millones en el sector privad y 2 millones en el sector publico).

Los aportes jubilatorios de los trabajadores formales son el 11% del salario, es decir para el salario promedio:

$5885 x 11% = $647,35.

Ese monto para los 11,5 millones de trabajadores da:

$647,35 x 11.500.000 = $7.444.525.000

Ese monto anualizado, es decir por 12 meses da:

$7.444.525.000 x 12 = $89.334.300.000 (89300 millones de pesos)

Las comisiones de las afjp eran en promedio el 33% de los aportes de los trabajadores, es decir que para los datos indicados serian:

$89.334.300.000 x 33% = $29.480.319.000 (casi 29500 millones de pesos anuales).

La asignación universal por hijo hoy es de $440 y alcanza a 3,5 millones de chicos, ósea, que anualizado implica un monto de :

$440 x 3.500.000 x 12 = $18.480.000.000

Es decir que hoy la asignación universal por hijo representa el 21% del monto total recaudado por los aportes de los trabajadores formales, (el 11% de sus salarios).

¿Porque a ciertos sectores de la sociedad, les molesta o les parece un error, o una barbaridad, que la anses destine el 21% de los aportes de los trabajadores a la atención de los sectores mas vulnerables (hijos de trabajadores en negro o desocupados), y dentro de estos sectores a la población mas vulnerable que son los niños, dando cumplimiento al tercer párrafo del articulo 14 bis de nuestra constitución (*), pero no les molesta/molestaba que los bancos se llevaran el 33% de ese monto, en concepto de comisiones?.

Hablando de relatos, ¿que relatos ocultan que otros relatos?.

(*)El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.