La siguiente es una nota publicada en el boletín pensá y salí de la agrupación universitaria Alba.
Otra
de las propuestas del candidato a diputado nacional del frente renovador,
esbozada ante empresarios, escasos días antes de las paso, fue la de establecer
una política de metas de inflación, cuyo fin seria reducir la inflación, que
según el discurso neoliberal imperante en la mayoría de los medios, atenta
contra el poder adquisitivo de los trabajadores y atenta contra la
competitividad de la economía en términos comparativos con otros países.
Todo
gobierno, el nuestro no es una excepción, lleva adelante la administración
general de la nación mediante el ejercicio de la política económica, y esta se
nutre de tres herramientas básicas que le permite cumplir ciertos objetivos, y
que son también, herramientas políticas.
Estas
herramientas son, la política fiscal,
que determina, que se le cobra, a quien se le cobra y cuanto se le cobra de
impuestos, y a que se destinan los fondos recaudados, la política de empleo, cuanto empleo decide dar el estado (empleo
publico) y como regula el empleo privado, y la política monetaria, establecimiento de tipo de cambio, regulación
del sistema financiero, financiamiento del tesoro, acumulación de reservas en oro
y divisas, etc.
Los
objetivos que persiguen estas tres herramientas, son objetivos políticos y
están profundamente signados por la ideología de quien ejerce la administración
general de la nación y de los técnicos que lo acompañan, claro esta, también
responde a los intereses que por ideología o presión de lobby, dicho gobierno
decide representar o por lo menos, priorizar.
Determinar
un objetivo particular, puede implicar subordinar a este objetivo, otros de
suma importancia. En el caso de las políticas de metas de inflación, cuyo
diagnostico mayoritario es el exceso de gasto publico que recalienta la
economía, implica que a la reducción de la inflación, se subordinan otros
objetivos como la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, la ampliación
de coberturas estatales en educación, salud, jubilaciones y pensiones,
asignaciones familiares, obras de infraestructura, etc. Es decir controlar la
inflación, seria en el orden de prioridades de estos sectores, mas importantes
que generar empleo, que aumentar el poder adquisitivo de la población y que
atender demandas sociales como salud, educación, infraestructura etc.
Lo
que subyace a la idea de que el gasto publico genera inflación, es que todo
gasto publico que genere un aumento del ingreso de la población, se traduce en
un aumento de la demanda de bienes y servicios, y esto presiona los precios al
alza.
En
la planilla 1 del presupuesto nacional 2012 (composición del gasto por
finalidad, función y carácter económico), que se puede descargar del siguiente
link
Se
puede observar que el total de gastos proyectado fue de poco mas de $505.000
millones. Dentro de ese total, el item mas representativo, es el de servicios sociales que es de $303.000
millones, en consecuencia, la primera conclusión es que el 60% del total de
gastos del estado, se destina a servicios sociales.
A
su vez dentro de ese item, el subitem mayoritario es el de seguridad social, el
cual demanda $211.000 millones, es decir poco más del 41,5% del total de gastos
del estado se destinan a pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones
familiares.
Dentro
de servicios sociales, también tenemos los subitems educación y cultura, y
ciencia y técnica que suman $46,6 mil millones, lo que representa el 9,2% del
total de gastos.
Por
ultimo dentro del item servicios sociales, están los subitems vivienda y
urbanismo y agua potable y alcantarillado, que suman $12,5 mil millones, un
2,5% del total.
En
el item siguiente, servicios económicos,
figuran entre los gastos corrientes, transferencias corrientes en el subitem
energía, combustible y minería, poco mas de 34,5 mil millones de pesos, y casi
17,3 mil millones de pesos de subsidios al transporte, que haría las veces de “la
descontrolada política de subsidios del gobierno”.
Ambos
subitems, suman casi 52 mil millones de pesos, es decir un 10,3% del total de
gastos.
Solamente
los subítems mencionados (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares,
educación y cultura, ciencia y técnica, vivienda y urbanismo, agua potable y
alcantarillado, subsidios al transporte y al consumo energético), representan
el 63,3% del gasto total presupuestado para el año 2012.
¿Y
porque el gasto publico mencionado generaría inflación?, porque las
jubilaciones son demanda de bienes y servicios, la AUH es demanda de bienes y
servicios, construir viviendas o cloacas implica contratar trabajadores, y esos
nuevos ocupados, son demanda de bienes y servicios, construir colegios y
universidades, genera primero trabajo temporal en la construcción (contratar
albañiles, electricistas, plomeros, gasistas, pintores, etc) y luego trabajo
estable en la educación (directivos, docentes, no docentes, trabajadores
sociales, pedagogos, auxiliares, etc), que también se traduce en demanda de
bienes y servicios.
¿Cual
es la contracara de ello?, ¿o lo que se propone para bajar la inflación?, menor
crecimiento del producto, mediante la reducción del componente gasto publico de
la demanda agregada.
Menos
colegios construidos son menos docentes cobrando salarios, menos construcción
de viviendas y cloacas son menos trabajadores disponiendo de salarios, menos
subsidios al gas, a la electricidad o al transporte, son menos ingreso
disponibles en los sectores populares para consumo.
Podríamos
decir que los principios de la curva de phillips serian los que rigen la política
de metas de inflación desde la óptica de reducción del gasto público.
La
lógica no solo es valida sino eficaz, un menor crecimiento implica menor
cantidad de riqueza pasible de ser distribuida, menor cantidad de riqueza
pasible de ser distribuida redunda en mayor pobreza para los sectores populares
que son los sectores mayoritarios, mayor pobreza de los sectores populares
implica menor demanda de bienes y servicios, y si hay menor demanda de bienes y
servicio los precios no suben.
Es
decir el mejor remedio para la inflación es que los sectores mayoritarios de la
sociedad Argentina seamos mas pobres.
Pero
el eufemismo “bajar el gasto público”, evita la fuga de votos que implicaría
declarar que piensan bajar la inflación empobreciendo a los sectores
mayoritarios de nuestro país.
Para
concluir podemos decir que para reducir la inflación que supuestamente implica
una perdida de poder adquisitivo de los asalariados “el supuesto impuesto a los
pobres”, se plantea empobrecerlos directamente, pero sin decirlo en voz alta.
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